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Danièle Lochak
Traduction de María Martín de Almagro et Annette Jantzen

La integración como orden. Los desafíos ideológicos y políticos ligados a la inmigración

L’intégration comme injonction. Enjeux idéologiques et politiques liés à l’immigration
18 novembre 2008
Cet article est une traduction de :
L’intégration comme injonction. Enjeux idéologiques et politiques liés à l’immigration

Résumés

Este estudio trata de describir el entramado político, ideológico y jurídico que se desarrolla alrededor de la idea de integración desde mediados de los años1970, momento en el que se toma conciencia del hecho de que la inmigración laboral, percibida hasta entonces como temporal, había evolucionado hasta una inmigración duradera y en el que la integración de los inmigrantes pasa a formar parte de la agenda de las autoridades públicas antes de convertirse en tema de debate político. Esta historia se desarrolla en tres planos que se entrecruzan constantemente. La integración es, ante todo, un objeto de discurso; pero el discurso tiene dificultades para desembocar en acciones, hasta el punto de transformarse en substituto de una acción pública débil, incluso cuando la integración es uno de los objetivos oficiales de la política de inmigración, junto al “control de los flujos migratorios”. Por otro lado, se obstaculiza la integración con la reglamentación del permiso de residencia y de la repatriación: la intencionada amalgama, en las dos últimas “leyes Sarkozy” de 2003 y 2006, entre derecho a la residencia e integración, recuerdan esta realidad a menudo olvidada o negada.

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inmigración, ley
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Texte intégral

  • 1  Este artículo es el fruto de una conferencia que tuvo lugar el 24 de abril de 2006, en el marco de (...)

1El concepto de integración aparece en la legislación sobre la entrada y la residencia de extranjeros en Francia con la ley del 26 de noviembre de 2003 relativa al control de la inmigración, concepto por el que Nicolas Sarkozy, promotor de la ley, no ha olvidado felicitarse. Más tarde, titula su segunda ley adoptada y promulgada el 24 de julio de 2006 “ley relativa a la inmigración y a la integración”.1

2¿Habría que deducir por ello que la integración de los inmigrantes se ha convertido (por fin) en una preocupación de los que nos gobiernan? Desde luego, la realidad es algo más compleja. En primer lugar, porque desde 1974 la integración nunca ha dejado de formar parte de los objetivos oficiales de la política de inmigración, incluso cuando no se han llegado a poner en marcha acciones concretas a causa de la multiplicación de disposiciones represivas tomadas en el marco del “control de los flujos migratorios”. En segundo lugar, porque lo que caracteriza la situación actual es que el esfuerzo de integración, cuya responsabilidad debería normalmente incumbir a las autoridades públicas, recae finalmente sobre los inmigrantes y se convierte en orden de integrarse, so pena de conservar para siempre su precario estatus.

  • 2  La integración se aprehenderá únicamente como se ha construido, como “problema” al que los líderes (...)
  • 3  Si bien es verdad que esta estancia duradera no es un nuevo fenómeno y que la estabilización y enr (...)

3Dado lo que está en juego –política, ideológica y jurídicamente– en torno al tema de la integración, resulta interesante intentar repasar la historia de todo este entramado desde mediados de los años 702. De hecho, es precisamente en ese momento en el que se toma conciencia de que la inmigración laboral, percibida hasta entonces como temporal, había evolucionado hasta una inmigración duradera y en el que la integración de los inmigrantes pasa a formar parte de la agenda de las autoridades públicas antes de convertirse en tema de debate político3.

4Esta historia se desarrolla en tres planos que se entrecruzan constantemente y que sólo trataremos de forma separada por motivos de análisis. La integración es, sobre todo, un objeto de discurso en el que se observa el peso de las palabras y las ideologías. No obstante, el discurso tiene dificultades para desembocar en acciones, hasta el punto de transformarse en substituto de una acción pública débil, incluso cuando la integración, con más o menos visibilidad y constancia según la época de la que se trate, es uno de los objetivos oficiales de la política de inmigración, junto al “control de los flujos migratorios”. Por otro lado, la integración se ve afectada –y en la práctica a menudo obstaculizada– por la reglamentación del permiso de residencia y la repatriación, constitutiva de lo que se llama no sin razón la “policía de los extranjeros”: la intencionada amalgama, en las dos últimas leyes Sarkozy, entre derecho de residencia e integración, tiene al menos el mérito de recordarnos esta realidad a menudo olvidada o negada.

Lo que dicen las palabras: la integración como objeto de discurso

5La noción de “integración” que ha acabado por prevalecer, incluso si aún es objeto de críticas, ha competido durante un tiempo con la de “inserción”, mientras que la “asimilación” ha sido considerada como la acepción negativa. Sin intentar analizar el significado intrínseco de estos tres términos (empresa además vana ya que, como los lingüistas nos han enseñado, es el uso de una palabra lo que le da su sentido), recordaremos cómo el término “integración” ha acabado por imponerse y cómo, más tarde, asimilado a la temática del “modelo republicano”, ha originado el concepto de “integración a la francesa”, y después el de “integración republicana”.

De cómo la “integración” ha acabado por prevalecer

  • 4  Costa-Lascoux J., “De l’immigré au citoyen”, Notes et études documentaires, París, La Documentatio (...)

6La aprehensión espontánea de las tres modalidades de entrada de los inmigrantes en la comunidad francesa –la asimilación, la integración, la inserción– las sitúa en una especie de escala que va desde la actitud más “imperialista” de la sociedad de acogida (asimilación) a la actitud más respetuosa hacia el otro (inserción)4.

  • 5  Véase, por ejemplo, Geisser V., “L’intégration républicaine: réflexion sur une problématique post- (...)
  • 6  “Nadie puede naturalizarse si no justifica su asimilación a la comunidad francesa, especialmente p (...)

7La asimilación, vista desde esta perspectiva que supone el abandono de todo elemento de identidad original para fundirse en la comunidad de adopción, y que evoca demasiado la empresa colonialista5, se convirtió hace tiempo en un tabú, si no en la legislación –se exige una condición de asimilación para acceder a la nacionalidad francesa6– al menos en el discurso políticamente correcto, que ha abandonado su uso a los partidarios de una Francia ética y culturalmente homogénea.

  • 7  En este aspecto, es significativo el informe redactado bajo los auspicios del secretario de Estado (...)

8La inserción, por el contrario, es en las representaciones colectivas el proceso que menos exige tanto de los inmigrantes –quienes conservan su identidad y a quienes no se les pide renunciar a su cultura de origen ni a sus particularismos– como de la sociedad de acogida, que no contrae ninguna obligación duradera con respecto a quien sigue siendo un extranjero. La inserción es un objetivo minimalista, dirigido hacia la acogida de individuos que desean un día volver a su país de origen. De ahí el hincapié en el mantenimiento de los lazos entre el inmigrante y su cultura original, e incluso en su regreso, considerado como una de las perspectivas normales de la inmigración7.

  • 8  Costa-Lascoux J., op. cit.

9Por su parte, la integración estaría basada en una dinámica de intercambio en la que “cada uno acepta formar parte de un todo y se compromete a respetar la integridad del conjunto”8. Para el Haut Conseil à l’Intégration [Alto Consejo de la integración] –sobre el que volveremos más adelante–, la integración es:

  • 9  Haut Conseil à l’Intégration, L’Intégration à la française, París, 10-18, 1993, p. 8. Retomando la (...)

“un proceso dinámico e inscrito en el periodo de adaptación a nuestra sociedad del extranjero que tiene la intención de quedarse, y [que requiere] la participación de las diferencias en un proyecto común y no, como en el caso de la asimilación, su supresión o, a la inversa, como en el caso de la inserción, la garantía protectora de su permanencia9”.

10Estas precauciones semánticas sólo son comprensibles si recordamos que las palabras no son neutras, sino que están llenas de connotaciones ideológicas, de modo que su significado va más allá de lo que la definición del diccionario pueda sugerir.

  • 10 Gaspard F., “Assimilation, insertion, intégration : les mots pour ‘devenir français’”, Hommes et mi (...)

11Françoise Gaspard llevó a cabo una investigación muy esclarecedora sobre la evolución de las palabras que se utilizan para designar “el proceso que consiste en reconocer como miembro de la comunidad nacional a alguien que viene de otro lugar”, una vez que ya no existe el tabú de “asimilación”10. Apoyándose en los debates parlamentarios, en los discursos de ministros y en las circulares, destacaba la circulación de términos entre la izquierda y la derecha desde finales de los años 70 hasta principios de los 90: “a cada campo, su palabra; a cada palabra, su momento”, constata. Si la “nueva política de inmigración” presentada por Paul Dijoud, en 1976, hace referencia esencialmente a la inserción, la derecha, a finales de los 70, comienza a utilizar el término de “integración” como sustituto de “asimilación”. Por su parte, la izquierda aboga por la inserción social de los trabajadores inmigrantes y, después, de modo más amplio, por la inserción social y cultural de los residentes extranjeros. Después de 1981, el término de “inserción” se extiende en la Administración: la circular sobre los contratos de aglomeración del 17 de junio de 1983 evoca el hecho de que “la inserción social de las comunidades de extranjeros” es el objetivo prioritario. El decreto que modifica el Fondo de Acción Social para los trabajadores inmigrantes y sus familias (FAS) estipula que dicho fondo debe contribuir a la inserción social de los trabajadores y de sus familias. Además, se crearon “Comisiones Regionales para la Inserción de Personas Inmigrantes” (CRIPI).

12Asimismo, el discurso oficial no difiere en demasía del que encontraríamos en el informe Dijoud. La Dirección sobre la población y las migraciones hace un balance en 1986 de la política llevada a cabo por la izquierda:

“esta política se basa en una idea simple: no podemos acoger más extranjeros en nuestro territorio, pero sí debemos esforzarnos por permitir a aquellos que viven en nuestro país integrarse en las mejores condiciones posibles […]. El papel de las autoridades públicas consiste en intentar favorecer las condiciones de esta inserción sin eliminar ni privilegiar la identidad de las diversas comunidades de inmigrantes”.

  • 11  En este sentido, véase Bernard P., L’Immigration. Les enjeux de l’intégration, París, Marabout / L (...)

13Además, entre estas condiciones figuran el regreso al país de origen y la reinserción en él. Por un lado, se podría explicar la preferencia que se otorga a la inserción por la importancia que la izquierda concedía a lo económico y lo social, y por el hecho de que ve en el “trabajador inmigrante” la figura por excelencia del migrante (la gran regularización de 1981-1982 se justifica por la necesidad de dar un trato justo a aquellos que han aportado a Francia su mano de obra) y, por otro lado, por una cierta simpatía hacia el derecho a la diferencia11.

14La “inserción” también da título al informe elaborado bajo los auspicios de la Comisaría del plan “Inmigración, el deber de inserción”, encargado en febrero de 1986 por el gobierno de Fabius y hecho público durante la primera cohabitación, en julio de 1988. “Es el término al que se atribuyen menos connotaciones”, argumentan los autores para de ese modo justificar su elección. Su éxito se explica por el hecho de que hace hincapié sobre el respeto hacia el otro, sobre la autonomía de cada uno de los componentes y la libertad que tienen todos ellos para desligarse si fuese necesario.

  • 12  La circular del 29 de enero de 1988 sobre los contratos de aglomeración, citada por Françoise Gasp (...)
  • 13  Discurso pronunciado el 22 de noviembre de 1988, disponible en Actualités-Migrations, revista de l (...)

15Sin embargo, entretanto, el partido socialista cambió el término de “inserción” por el de “integración” – término que aparece en la plataforma para las legislativas de 1986 –, mientras que Jacques Chirac, Primer ministro, y Philippe Seguin, ministro de Asuntos Sociales, hablaban de “inserción” – sin por ello renunciar a utilizar la palabra integración. Esta especie de “cohabitación” entre los dos términos concurrentes no dura mucho, ya que el segundo estaba a punto de predominar definitivamente12. En junio de 1988, con el retorno de la izquierda al poder, la palabra “integración” se convierte en el término oficialmente consagrado para hablar de la inmigración ya sedentaria. Claude Evin, ministro de la Solidaridad nacional del gobierno de Rocard, lo afirma de la manera más explícita posible en un discurso pronunciado ante el Consejo de Administración del FAS: “los extranjeros que residen en la actualidad en Francia se quedarán, todos son conscientes de ello; de modo que hablemos de integración mejor que de inserción13”.

  • 14  Para explicar el abandono de la palabra “inserción”, también se ha destacado la toma de conciencia (...)
  • 15  Bernard P., op. cit.

16Llegados a este punto, es la toma de conciencia de la sedentarización de la población inmigrante  –toma de conciencia que también es el origen de la ley del 17 de julio de 1984 sobre la tarjeta de residencia (véase más abajo)– la que explica que la integración, más exigente que la mera inserción, quede constituida como objetivo de la acción pública14. No obstante, la conversión a la “integración” también se verá alimentada por razones mucho más relacionadas con la ideología. La controversia creada por velo islámico acaba por desacreditar toda reivindicación de derecho a la diferencia y prioriza el respeto de todos hacia ciertos valores, empezando por el laicismo. Según Philippe Bernard, el término “integración” había quedado eclipsado porque expresaba la idea de exigencias recíprocas, tanto para los inmigrantes como para la sociedad de acogida. De hecho, vuelve con fuerza precisamente porque esas obligaciones empiezan a surgir cada vez de forma más clara15.

  • 16  Jean-Louis Bianco fue ministro de Asuntos Sociales y de Integración (1991-1992); le sucederá René (...)

17En efecto, es el caso llamado del “pañuelo islámico”, en otoño de 1989, el que va a provocar según la fórmula de Françoise Gaspard, “el paso del discurso a la institucionalización”, con el nombramiento de un Secretario General para la Integración, la creación de un Comité interministerial para la integración y la de un Alto Consejo para la integración. Entre 1991 y 1997 el organigrama gubernamental tendrá –casi sin interrupción– o un Ministro, o un Secretario de Estado encargado de la integración16.

Del “modelo francés de integración” a la “integración republicana”

  • 17  En 1993 y sobre el mismo escenario de miedo al Islam, se desarrolla el debate parlamentario sobre (...)

18La palabra “integración”, que parece haber conseguido el consenso en la clase política, se ve consagrada por fin oficialmente en textos e instituciones: el espectro del Islam y la denuncia de los comunitarismos que amenazan la tradición republicana17 ayudan a comprender las evoluciones y cambios posteriores del discurso.

  • 18  Véase nuestra contribución en Le Temps de l’Etat (Mélanges pour Pierre Birnbaum), que se publicó e (...)

19La lectura de los informes sucesivos del Haut Conseil à l’Intégration es especialmente instructiva, ya que permite averiguar el momento justo en el que el discurso sobre la inmigración y la integración, contagiado por el discurso político y el ambiente erudito, integra la “República” a su léxico18.

  • 19 L’Intégration à la française, op. cit.
  • 20  “Lucha contra la discriminación: hacer respetar el principio de igualdad”.

20El primer informe, publicado en 1991, se titula ya “Por un modelo francés de integración”. El concepto de “integración a la francesa” se consagrará dos años más tarde, con la aparición de una obra con ese título y que sintetiza la reflexión de los tres primeros años de funcionamiento del Alto Consejo19. En dicha obra se afirma que el modelo francés de integración, que se fundamenta en el principio de igualdad, se opone a la “lógica de las minorías” y al reconocimiento de las comunidades. En este punto, no se hace referencia ni a la República ni al modelo republicano. Éste último se evoca por primera vez en el informe de 199820 sobre la escuela, donde se identifican fenómenos de segregación, testigos de la presencia de “defectos en el modelo republicano”.

21La verdadera aparición de la “República” fue en 2001, cuando el Alto Consejo decide interesarse por el “Islam en la República” y estudiar la compatibilidad entre la religión musulmana y los valores republicanos –entre los que el laicismo es uno de los más importantes–, así como por las posibilidades de combinar la expresión de pertenencia a una religión con el respeto a las reglas de funcionamiento de la escuela republicana.

  • 21  Haut conseil à l’Intégration, Le Contrat et l’intégration, París, La Documentation française, 2004

22Con el informe de 200421 sobre “El contrato y la integración”, se alcanza un nivel más, ya que no se trata solamente de la escuela republicana, sino también de la “filosofía republicana”, de una “instrucción auténticamente republicana”, del “régimen republicano”, de la “ambición republicana [de un tratamiento igual para todos]”, del “derecho político republicano de la ciudadanía”, de la “ley común republicana”, del “contrato republicano”, etc. El “contrato de integración” se presenta sobre este fondo de República omnipresente: un contrato que todo extranjero que llegue a Francia para trabajar y vivir ha de firmar con el Estado republicano.

23La combinación de los dos campos semánticos de “la República” y de “la integración” tiene un significado y un impacto ideológicos. De hecho, da a entender que aquello que es republicano es necesariamente integrador y, de forma recíproca, que la integración no puede sino ser republicana. Y es esto precisamente lo que viene a decir el concepto de “modelo republicano de integración”, que desde entonces se utiliza corrientemente, incluso para lamentar el hecho de que éste esté en crisis.

24La ley del 26 de noviembre de 2003 concede el triunfo legislativo a un nuevo sintagma léxico: la “integración republicana” se inscribe en la prolongación de esta evolución. La noción quiere significar la doble obligación de integrarse y de respetar los principios republicanos: libertad, igualdad, laicismo. Se invoca la República para recordar que sólo se concibe y es válida la integración “republicana” y para alejar el espectro del comunitarismo en el momento en que, como alega el ministro, “comunidades de inmigrantes se organizan para resistir a la integración republicana mediante prácticas endogámicas”.

Del discurso a la acción: la integración, objetivo eclipsado de la acción pública

25La inserción, y más tarde la integración, siempre han constituido el objetivo oficial de las políticas de inmigración, que se considera han de responder a dos desafíos: por un lado, el control de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración clandestina y, por otro, la integración de la población inmigrante regularizada.

26Al definir en 1976 los objetivos de “la nueva política de inmigración”, Paul Dijoud, secretario de Estado para los Trabajadores inmigrantes, da prioridad a la necesidad de trabajar para la inserción de los inmigrantes en la sociedad francesa. En este sentido, se oficializa en 1976 el derecho a la reagrupación familiar, y se flexibilizan en 1975 los criterios de elegibilidad para los cargos de representación de los trabajadores en la empresa.

Integración y política municipal

  • 22  François Autain, secretario de Estado para la Inmigración, la define con estas palabras en diciemb (...)

27Sin embargo, habrá que esperar hasta la llegada de la izquierda al poder para que se tenga más en cuenta este objetivo. La “política de inserción de las comunidades de inmigrantes en Francia22” ayuda fundamentalmente a las autoridades públicas locales, ya sea con contratos de aglomeración, ya sea en el marco de programas locales de desarrollo. Lo que caracteriza la política llevada a cabo en ese momento es el enfoque territorial y la preferencia por medidas que no vayan dirigidas de forma específica a la población inmigrante, características que van de la mano.

  • 23  En 1982-1983, veintidós barrios (Creil, Dreux, las 4 000 en La Courneuve, Chanteloup-les-Vignes, L (...)

28Es el caso, por ejemplo, de la creación de zonas de educación prioritarias (ZEP), destinadas a la lucha contra el fracaso escolar, mediante la concesión de medios adicionales a los establecimientos con un porcentaje importante de alumnos de origen extranjero. También y, sobre todo, es el caso de la política de desarrollo social de los barrios (DSQ), destinada a la lucha global contra la exclusión y la formación de guetos en barrios pobres y en el que se incluyen una serie de medidas para ayudar a la población inmigrante. Otro ejemplo son los contratos de aglomeración, firmados entre el Estado y distintas poblaciones en el marco de contratos de proyectos entre el Estado y las regiones para incitarlas, mediante la oferta de medios financieros complementarios, a tomar más en cuenta las necesidades de la población inmigrante (que incluyen tanto el alojamiento, como la inserción social y la profesionalización de los jóvenes, pasando por las acciones para la promoción de la mujer, los aspectos culturales, etc.)23.

  • 24  Nota del traductor: La politique de la ville (“política de la ciudad”) en Francia está acotada a c (...)

29La politique de la ville24 se queda casi sin recursos y desaparece en 1986, para volver a recuperarse a principios de 1988 con la reactivación de los contratos de aglomeración cuya circular del 29 de enero recuerda que “constituyen uno de los procedimientos más eficaces para desarrollar la política de integración de la población inmigrante”.

30No obstante, será de nuevo el caso del pañuelo islámico en otoño de 1989 el que provocará la inclusión –duradera, esta vez– de la integración en la agenda del Gobierno. El espectro del integrismo islamista, tratado no sólo por la derecha, sino también por círculos influyentes de la izquierda, los repetidos incidentes en los suburbios, y la subida del Frente Nacional en las elecciones legislativas parciales hacen que el gobierno reaccione. Se anuncian medidas en favor de la integración y se instauran nuevas estructuras: un Comité interministerial para la integración, encargado de “definir, animar y coordinar la política del gobierno en materia de integración de los residentes extranjeros o de origen extranjero”, una Secretaría general para la integración, y un Alto Consejo para la integración, compuesto por expertos y políticos de diferentes sensibilidades y con una labor de reflexión.

31La inspiración de las medidas finalmente propuestas retoma la filosofía anterior: se prioriza el enfoque territorial que, además, no va dirigido específicamente a la población inmigrante. Bajo los auspicios de Hubert Prévot, Secretario general para la integración, del delegado interministerial de la Municipalidad y del director del FAS, dichas medidas se presentan en septiembre de 1990 con el eslogan “Acciones en los barrios, sesenta emplazamientos para la integración”. Se trata de poner en marcha, en sesenta emplazamientos piloto, una “integración global” y de eliminar los focos de exclusión social mediante la financiación de programas de integración a todos los niveles: apoyo escolar, ayuda administrativa para los extranjeros recién llegados, animación deportiva, ayuda lingüística, servicios de proximidad, servicios de guardia jurídicos, etc.

32La política de integración se inscribe de forma deliberada en la politique de la ville que, como se afirma en la revista oficial de la OMI, “si no se dirige a la población inmigrante de forma específica, sigue siendo uno de los ejes principales de la acción del Gobierno en la lucha contra las dificultades de integración de aquella”. La circular del 10 de abril de 1991 relativa a los contratos de aglomeración recuerda la voluntad del Gobierno de “hacer de la integración de la población extranjera un elemento importante de la política municipal” y cita entre las prioridades de intervención la acogida de la población extranjera en los servicios públicos, la acogida y seguimiento de las familias recién llegadas, la ayuda con los asuntos escolares, el desarrollo de la vida asociativa y la representación de la población inmigrante en el seno de comisiones extra-municipales. El último acto importante de la izquierda fue el voto de la ley de orientación del municipio, conocida como la “ley antigueto”, del 13 de julio de 1991.

  • 25  Dos informes en 1991, tres en 1992, pero ninguno en 1993 ni en 1994.
  • 26  “Intégration, le programme minimum”, titular en Le Monde del 27 de marzo de 1997, escrito por Phil (...)

33El periodo 1993-1996 es un periodo de poca actividad durante el que la expresión pública sobre la integración se limita a la publicación –de forma irregular– de informes del Alto Consejo para la integración25. Sin embargo, a finales de 1996 se anuncia la reactivación de la política de integración. Eric Raoult, ministro delegado para la Municipalidad y la Integración, presenta en marzo de 1997 un “programa de acción en favor de la integración” que incluye un “contrato de integración” para los recién llegados (concebido en ese momento como una simple guía bilingüe de derechos y deberes y de reglas de convivencia en Francia), el apoyo para el aprendizaje del francés, la ayuda con los asuntos escolares, la reestructuración de los hogares de los trabajadores inmigrantes, el apoyo para el empleo de los jóvenes, la lucha contra la discriminación y la mejora del procedimiento de naturalización. La derrota de la derecha en las legislativas de 1997 no permitirá comprobar si, más allá del efecto de anuncio (que, se podría pensar, quería provocar este inventario de medidas heterogéneas26) había una verdadera voluntad de actuación.

De la integración a la lucha contra la discriminación

34En 1998, el informe del Alto Consejo para la integración titulado “Lucha contra la discriminación: hacer respetar el principio de igualdad” marca una ruptura en el discurso sobre la integración enfatizando por un lado la discriminación y, por el otro, la discriminación fundada no sobre la nacionalidad sino sobre el origen, esto es, la discriminación por motivos de raza. La existencia de este tipo de discriminación muestra la insuficiencia de una política de integración que no debe dirigirse solamente a la población extranjera, sino que debe considerar también la situación de los inmigrantes de la “segunda” e incluso de la tercera, generación. El informe del Alto Consejo anuncia una fuerte movilización de las autoridades públicas: puesta en marcha de comisiones departamentales de acceso a la ciudadanía (CODAC), creación de un Grupo de estudio sobre la discriminación (que se convertirá después en el Grupo de estudios y de lucha contra la discriminación - GELD), organización de “Asambleas de la ciudadanía y de la lucha contra la discriminación” en marzo de 2000. Esta movilización culminará de forma legislativa e institucional con el voto de la ley del 16 de noviembre de 2001 relativa a la lucha contra la discriminación y la creación de la Alta Autoridad de lucha contra la discriminación y para la igualdad (HALDE), cuyo campo de actividad va más allá de la lucha contra la discriminación racial. Asimismo, las misiones del FAS (Fondo de Acción Social), rebautizado como FASILD (Fondo de Acción y de Apoyo a la Integración y la Lucha contra la Discriminación), irán más allá de las relacionadas con la población extranjera. Así, debe:

  “potenciar […] la integración de la población inmigrante, así como de las personas de origen extranjero y contribuir a la lucha contra la discriminación de la que pudiesen ser víctimas, principalmente por motivos de raza, religión o creencias”.

  • 27  “Une forme méconnue de discrimination : les emplois fermés aux étrangers”, GELD, nota n°1, marzo d (...)

35Sin embargo, es necesario señalar que el desplazamiento del objetivo prioritario, que enfatiza la discriminación de la que son víctimas ciudadanos franceses, tiene por consecuencia el desvío de atención de la discriminación por motivos de nacionalidad y, por tanto, del destino de los extranjeros. Testimonio de ello es la indiferencia de los Gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, ante la cuestión de los “empleos cerrados”, a pesar del acta crítica y de las propuestas del GELD en el año 200027.

Hacia el “contrato de acogida y de integración”

36Parece que la historia del contrato de acogida y de integración comienza con una nota de Yves Jego, diputado del UMP de Seine-et-Marne, publicada el 9 de octubre de 2002. Titulada “Por una nueva política de integración”, esta nota propone “una nueva lógica de contrato entre el recién llegado y la República” bajo la forma de un “contrato de llegada” de una duración de tres o cuatro años, y que establece una serie de obligaciones (aprender la lengua nacional, respetar las leyes del país, etc.), seguido de un nuevo contrato, llamado de “enraizamiento”, de quince años de duración, que confiere nuevos derechos, como el derecho a voto y la posibilidad de adquirir la nacionalidad de forma más rápida. La referencia al derecho a voto –bastante tímida y pronto olvidada– es lo que más aparece en los medios de comunicación; pero serán otros aspectos del contrato los que prevalecerán en el futuro.

37En primer lugar, la idea fue retomada por Jacques Chirac en Troyes el 14 de octubre de 2002, cuando afirmó que deseaba que “cada recién llegado se comprometiese con un verdadero contrato de integración”, y después por Jean-Pierre Raffarin, unos días más tarde durante la inauguración de un nuevo Alto Consejo para la integración, cuya presidencia fue confiada a Blandine Kriegel. En enero de 2003, el Comité interministerial para la integración, inactivo desde 1990, vuelve a ponerse en marcha y, desde el mes de abril, presenta un programa de 55 medidas cuya medida-faro es el contrato de acogida e integración propuesto a los recién llegados.

38Por su parte, el Alto Consejo para la integración se adueña del concepto. En su informe titulado precisamente “El contrato y la integración”, señala y subraya que se trata “de los principios mismos de nuestro pacto republicano: las nociones de contrato y de integración” y que el mérito del contrato de integración propuesto a los extranjeros que llegan a nuestro país sería el de hacernos “reflexionar juntos sobre el contrato y la ciudadanía”.

39Puesto en práctica a partir del 2003, el contrato de acogida y de integración (CAI) ve consagrada su existencia por la ley de cohesión social del 18 de enero de 2005. El extranjero se obliga por este contrato a seguir una formación cívica y, si fuese necesario, clases de lengua. La formación cívica consta de una presentación de las instituciones francesas y de los valores de la República, especialmente el de la igualdad entre hombres y mujeres y el laicismo. La firma y el respeto del contrato constituyen paralelamente criterios que permiten la apreciación de la condición de integración republicana para acceder al estatus de residente, prevista por las nuevas disposiciones sobre la residencia de la ley del 26 de noviembre de 2003. La amalgama entre la integración y las leyes policiales se asume ahora abiertamente.

Integrar o controlar: las leyes policiales contra la integración

40Aunque, en los discursos, la política de inmigración se ha presentado siempre compuesta de dos partes –por una parte, el control de los flujos migratorios y, por otra, la inserción o integración de la población inmigrante regularizada en el país–, en realidad no solamente esta segunda parte ha sido siempre sacrificada en beneficio de la primera, sino que la primera ha sido constantemente presentada como la condición previa a la segunda. No obstante, la experiencia muestra que una política cada vez más represiva, aparte de movilizar energías y créditos en detrimento de la política de integración, produce necesariamente efectos desintegradotes, al generar inseguridad y precariedad, y al designar a la población inmigrante como estando de más, alentando la suspición e, incluso, la xenofobia. Volver a recorrer la historia desde 1974, centrándonos esta vez en la evolución de las leyes policiales es, en este sentido, instructivo.

Las leyes sobre la residencia en tanto que generadoras de inseguridad y precariedad

41Desde 1976, como ya hemos recordado anteriormente, la “nueva política de inmigración” insiste en la necesidad de asegurar una mejor inserción de los inmigrantes en la sociedad francesa. Sin embargo, esta voluntad de inserción apenas se traduce en hechos, de forma contraria a lo que ocurre con la primera parte de esta política sobre el control de los flujos migratorios. Cuando se combina con las preocupaciones de seguridad, se materializa en la multiplicación de controles en la vía pública, las operaciones “puñetazo” [“coup de poing”], y el rechazo masivo de extranjeros en situación irregular, de forma tácita primero, de forma legal después con la ley del 10 de enero de 1980, llamada “ley Bonnet”. Además, la ley permite encarcelar a los extranjeros para su expulsión efectiva. Dirigida indistintamente a la represión de clandestinos y de delincuentes, esta política favorece la amalgama entre inmigración y clandestinidad y entre clandestinidad y delincuencia.

42La política de la izquierda se inaugura en términos de ruptura después de su victoria electoral de mayo de 1981. Ya no se habla de reenviar a sus países de origen a aquellos que están en el paro, sino que se proclama el derecho a quedarse en Francia de los inmigrantes ya instalados. Una serie de medidas concretas traducen el nuevo discurso del Gobierno en hechos: se pone en marcha un procedimiento de regularización excepcional; las disposiciones de la ley Bonnet quedan abolidas y se introducen nuevas garantías en el ordenamiento de 1945 sobre repatriación, que protege especialmente a los extranjeros que tengan lazos personales en Francia; el régimen derogatorio de las asociaciones extranjeras convertido en decreto ley en 1939 queda derogado; y se consagra la igualdad de derechos entre trabajadores extranjeros y franceses en la empresa. La ley del 17 de julio de 1984, al crear la tarjeta de residencia, válida durante 10 años, renovable automáticamente y que da derecho a ejercer en todo el territorio la profesión que se elija, opera una ruptura en la historia del derecho de la inmigración, cuya importancia simbólica es tan significativa como su importancia práctica. De hecho, gracias a ella los inmigrantes ya no se consideran como mano de obra temporal, sino como un componente duradero de la sociedad francesa. Sin embargo, y en sentido inverso, es necesario señalar la rapidez con la que el Gobierno da marcha atrás sobre la cuestión del derecho de voto de los extranjeros en las elecciones locales, a pesar de ser una de las 110 propuestas del candidato Mitterrand y tener sentido dentro del marco de una política basada sobre la igualdad de derechos.

43Una vez finalizada la operación de regularización excepcional a finales del año 1982, la dureza vuelve a ser la línea de conducta del Gobierno. No obstante, el momento crucial llegó después de las elecciones municipales de marzo de 1983 que anunciaban la entrada de la extrema derecha en el juego electoral. El nuevo discurso oficial, inaugurado por una declaración de François Mitterrand en el Consejo de ministros del 31 de agosto de 1983, se articula por completo sobre una oposición entre los inmigrantes ya instalados, “que forman parte de la realidad nacional” y cuya inserción es necesario favorecer; y los clandestinos, a los que hay que “devolver”, y a los que es legítimo castigar duramente puesto que pueden obstaculizar la inserción de la población inmigrante en situación regularizada. Se vuelven incluso a poner en práctica medidas adoptadas dos años antes: así, bajo el pretexto de garantizar a las familias las condiciones de acogida que permitan una buena inserción, el decreto del 4 de diciembre de 1984 prohíbe la regularización in situ de los cónyuges y de los niños, lo que finalmente tiene el efecto contrario al que en un principio se había buscado, ya que mantiene a las familias en una situación de precariedad cada vez peor.

44La derecha, en el poder desde marzo de 1986, toma una serie de medidas cuyo efecto desestabilizador sobre la población inmigrante es innegable. La ley del 9 de septiembre de 1986, llamada “ley Pasqua”, restringe la lista de extranjeros que pueden obtener de pleno derecho una tarjeta de residencia o que pueden ser protegidos contra las medidas de repatriación. Al mismo tiempo, un proyecto de reforma del código de la nacionalidad tiene por objetivo suprimir el acceso automático a la nacionalidad francesa a la edad de 18 años para los jóvenes nacidos en Francia y, con ello, la garantía de poder quedarse en territorio francés pase lo que pase. Inspirado directamente por la extrema derecha y por la idea de que los extranjeros representan una amenaza para la identidad nacional, este proyecto fracasará por razones coyunturales: durante la lucha contra las manifestaciones estudiantiles contra la ley Devaquet, el Gobierno consideró oportuno retirar su proyecto y, para evitar dar la impresión de que pura y simplemente había renunciado a él, instauró una comisión presidida por el vicepresidente del Consejo de Estado, cuyo informe sirvió como referencia para la reforma de 1993, que esta vez sí se llevó a cabo.

  • 28 Le Monde, 7 de diciembre de 1989.

45La vuelta al poder de la izquierda en 1988 está marcada por cierto inmovilismo sobre las cuestiones que conciernen a la inmigración. La ley Joxe, promulgada finalmente el 2 de agosto de 1989, recuerda los textos votados en 1981 y 1984 en lo que respecta a la atribución de pleno derecho de la tarjeta de residencia y a la protección contra la expulsión de personas con lazos personales o familiares en Francia. El caso del pañuelo islámico, a finales de 1989, vuelve a lanzar, como hemos recordado anteriormente, la cuestión de la integración, pero en un contexto poco propicio para la realización del objetivo proclamado –la convulsión por la amenaza del Islam y del comunitarismo–, incluso cuando la posición adoptada por el Gobierno sobre el pañuelo intenta apaciguar los ánimos. Sin embargo, como siempre ocurre, el anuncio de las medidas tomadas para favorecer la integración sitúa, de manera sintomática, el control de los flujos migratorios entre las prioridades de la acción del Gobierno, por delante de la vivienda y la escuela28. El número de proposiciones que emanan del Alto Consejo para la integración es también significativo, y van dirigidas a una restricción de los derechos otorgados a los extranjeros: supresión de la protección social para los extranjeros en situación irregular, subordinación del derecho al matrimonio a la regularización de su situación de residencia en Francia, necesidad de medidas más eficaces de repatriación a la frontera, supresión de la tarjeta de residencia a los polígamos. La primera y la última de estas medidas entrarán en vigor por la ley Pasqua de 1993.

46Ésta, que es la segunda ley con este nombre, no se contenta con reforzar el dispositivo represivo para repatriar a los extranjeros en situación ilegal, sino que además limita el derecho de residencia a numerosas categorías de extranjeros. Además, se restringen las posibilidades de reagrupación familiar, se amenaza con sanciones severas a aquellos cuya familia se encuentre de forma ilegal en territorio francés, se vigilan los matrimonios celebrados entre franceses y extranjeros, y se otorgan nuevos poderes a los alcaldes para obstaculizar los matrimonios sospechosos de ser de conveniencia, se limita el derecho de residencia de los cónyuges de franceses, se retira a las personas que llegaron a Francia cuando eran menores la garantía de poder quedarse una vez cumplan la mayoría de edad y, por último, los extranjeros en situación ilegal pierden todo derecho a prestaciones de la seguridad social, aun habiendo trabajado y cotizado durante varios años.

47La ley Chevènement, sometida a votación en 1998, si bien atenúa los efectos desestabilizadores de la ley Pasqua, prolonga una evolución que va acabando poco a poco con todo lo que se había conseguido gracias a la ley de 1984, y pone en duda el derecho a la residencia estable y cuasi-incondicional que se había garantizado en aquel momento a todos aquellos que tenían lazos personales en Francia. De hecho, sistematiza la concesión de tarjetas de residencia temporales, incluido a los extranjeros con lazos personales en Francia, en detrimento del estatus de residente.

La integración, coartada de la precarización del derecho de residencia

48Las dos leyes Sarkozy del 26 de noviembre de 2003 y del 24 de julio de 2006 siguen en la misma línea y privan a nuevas categorías de extranjeros el acceso de pleno derecho a la tarjeta de residencia. No obstante, la innovación fundamental es la utilización del pretexto de la necesaria integración de los extranjeros para justificar el mantenimiento de su situación de precariedad mientras que éstos no muestren pruebas de su integración.

49La tarjeta de residencia “debe estar reservada a aquellos que muestren una verdadera voluntad de integración, ya que no podemos pedir a la sociedad francesa que os acoja durante un largo periodo sin que vosotros tengáis interés por integraros”, declaró el ministro del Interior para justificar su dispositivo. La lógica que había guiado la creación de la tarjeta de residencia en 1984 se ve invertida: la garantía de estabilidad de la residencia había sido considerada como un factor que favorecería la integración. A partir de ahora, hay que probar que uno está integrado para poder obtener el derecho a la residencia estable.

50Por tanto, la integración funciona como una orden dirigida a los inmigrantes recién llegados en un contexto marcado por la temática de la oposición entre inmigración sufrida –que no sólo incluye, a los ojos del Ministro del Interior, la inmigración clandestina, sino también la inmigración de los miembros de familia y de los demandantes de asilo– y la inmigración elegida “en función de las necesidades de nuestra economía y de nuestras capacidades de integración”. Mientras que es necesario promover la segunda, es algo natural imponer obligaciones a la primera, y más aún cuando ronda el espectro del comunitarismo: “comunidades de inmigrantes se organizan para resistir a la integración republicana”. La integración se convierte así en “esclusa” a través de la que se produce el paso de la inmigración sufrida a la inmigración elegida.

51Todo extranjero al que se conceda por primera vez el derecho de residencia en Francia y que desee mantener este derecho de forma duradera, debe firmar un “contrato de acogida y de integración” por el que se obliga a seguir, si es necesario, clases de lengua y, en cualquier caso, una formación cívica que consta de una presentación de las instituciones francesas y de los valores de la República, especialmente el de la igualdad entre hombres y mujeres y el laicismo. El respecto de este contrato se tiene en cuenta a la hora de renovar la tarjeta de residencia.

  • 29  Las exigencias subyacentes a la noción de “integración republicana” reaparecen en las disposicione (...)

52La reforma del régimen de las tarjetas de residencia, realizado en dos periodos, se compone de dos partes estrechamente articuladas. Por un lado, el acceso de pleno derecho a la tarjeta de residencia, que en un principio concernía a todos los extranjeros con lazos personales en Francia, se convierte en algo excepcional: la ley de 2003 ya había excluido de este derecho a los miembros de la familia y a los padres de niños franceses; la ley de 2006 excluye también a los cónyuges de franceses y a los extranjeros que residían de forma legal en Francia desde hace más de diez años. Por otro lado, se supedita la concesión de la tarjeta de residencia “a la integración republicana del extranjero en la sociedad francesa”. Además, donde la ley de 2003 disponía que esta condición se hubiera de tener en cuenta “principalmente en cuanto al conocimiento de la lengua francesa y de los principios que rigen la República francesa”, la ley de 2006 pide que el extranjero “se comprometa personalmente a respetarlos y a hacerlo de forma efectiva”. En definitiva, la obtención de la tarjeta de residencia recompensará un comportamiento que se juzgue conforme a los principios de la República francesa: ¡libertad, igualdad… laicismo29!

53Priorizando la integración, la ley Sarkozy no se preocupa de ningún modo por hacer sitio a la población inmigrante en la sociedad francesa, al igual que tampoco se preocupa de la suerte que corran los inmigrantes recién llegados. La estigmatizante orden dirigida a esta parte de la población sólo puede tener el efecto de encerrarles aún más en una situación de precariedad y de vulnerabilidad que, sin la menor duda, obstaculizará todo proceso de verdadera integración.

54De forma general, prosiguiendo con el movimiento de precarización del derecho de residencia desde 1993, la reforma da el último toque a la inversión de la jerarquía de títulos instaurada en 1984. La tarjeta de residencia tenía por vocación convertirse en el título de residencia de derecho común, mientras que la tarjeta de residencia temporal estaba reservada a los extranjeros que venían a Francia por un periodo de tiempo limitado o que no cumplían las condiciones para obtener la tarjeta de residencia. A partir de este momento, la tarjeta de residencia temporal se convierte en el título de residencia de derecho común, mientras que el acceso a la tarjeta de residencia permanente está cada vez más controlado y sometido a la apreciación discrecional del prefecto.

55En cierto modo, volvemos a la filosofía inicial del ordenamiento de 1945, cuando sobre la base de un contrato de trabajo que por sí solo daba derecho de residencia, se concedía al extranjero de forma sistemática una tarjeta de un año de duración, con la perspectiva de poder obtener después de varios años una tarjeta de “residente ordinario” con una validez de tres años y posibilidades restringidas de obtener un día el estatus de “residente privilegiado”.

56La diferencia es que en aquel momento la precariedad era la contrapartida de una libertad de circulación y de instalación que existía de hecho, si no de derecho. Es cierto que las autoridades públicas del momento tampoco tenían la intención de integrar a los inmigrantes…

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Notes

1  Este artículo es el fruto de una conferencia que tuvo lugar el 24 de abril de 2006, en el marco del programa Challenge. Esta conferencia reunió a académicos, responsables de ONGs y a un numeroso público.

2  La integración se aprehenderá únicamente como se ha construido, como “problema” al que los líderes políticos han de encontrar una solución. Se eludirá completamente la perspectiva sociológica o psicológica: lo que nos interesa no es saber si los inmigrantes se integran, a qué ritmo, y cuáles son los indicadores que permiten evaluar esta integración, sino sólo la manera en la que las autoridades públicas tratan esta cuestión.

3  Si bien es verdad que esta estancia duradera no es un nuevo fenómeno y que la estabilización y enraizamiento de los inmigrantes son realidades mucho más antiguas, que desde finales del siglo XIX han contribuido a crear el “crisol francés” descrito por Gérard Noiriel. Sin embargo, durante la 3a República, la integración pasa por el acceso a la nacionalidad francesa, facilitada por las sucesivas leyes, hasta el punto de que se podría decir que, de cierta manera, la política de la nacionalidad ha sido la política de integración. En consecuencia, la ley de 1889 que confiere la nacionalidad francesa en su mayoría a extranjeros nacidos en territorio francés, es realmente una ley sobre integración porque integra extranjeros a la nación y los transforma en ciudadanos y en soldados franceses, y porque confía en las capacidades de asimilación de las dos instituciones republicanas por excelencia; a saber, la escuela y el ejército. Véase Brubaker R., Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, París, Berlín, 1997, p. 163 y siguientes.

4  Costa-Lascoux J., “De l’immigré au citoyen”, Notes et études documentaires, París, La Documentation française, 1989, pp. 9-12.

5  Véase, por ejemplo, Geisser V., “L’intégration républicaine: réflexion sur une problématique post-coloniale”, en Blanchard P., Bancel N. (dir.), Culture post-coloniale, 1961-2006, París, Autrement, col. Mémoires/Histoire, 2006, p. 145. Para el autor, sin embargo, la “filiación putativa” de la integración se puede revelar con la ideología colonial y, por tanto, con la doctrina asimilacionista.

6  “Nadie puede naturalizarse si no justifica su asimilación a la comunidad francesa, especialmente por un conocimiento suficiente, según la situación concreta, de la lengua francesa y de los derechos y deberes conferidos por la nacionalidad francesa” (artículos 21-24 del Código Civil francés. La última condiciónfue añadidq por la ley del 26 de noviembre de 2003). Asimismo, el Gobierno puede oponerse a la adquisición de la nacionalidad por matrimonio en caso de “falta de asimilación” (artículo 21-4).

7  En este aspecto, es significativo el informe redactado bajo los auspicios del secretario de Estado para la inmigración laboral, publicado en 1977 con el título de La Nouvelle Politique de l’immigration. Al mismo tiempo que afirma que “se debe hacer todo lo posible para ayudar a la inserción y a la promoción de los inmigrantes”, lo que supone principalmente la igualdad de derechos con los trabajadores franceses, el derecho a un contexto de vida decente y el derecho a la promoción personal y profesional, insiste también en la libre elección que tiene el trabajador inmigrante de traer o no a su familia, en la necesidad de ayudarle a preservar su identidad y en el “asunto” de su vuelta.

8  Costa-Lascoux J., op. cit.

9  Haut Conseil à l’Intégration, L’Intégration à la française, París, 10-18, 1993, p. 8. Retomando la definición de integración de años más tarde, vuelve a especificar que no se trata ni de asimilación, ya que aquella no tiene la intención de reducir todas las diferencias; ni de la inserción, ya que no se limita a ayudar a los individuos a alcanzar estándares socioeconómicos satisfactorios… aun a riesgo de crear una especie de compartimento donde puedan vivir sin contacto con la sociedad de acogida. Véase Le Bilan de la politique d’intégration, 2002-2005, París, La Documentation française, 2006. También podemos citar la comunicación de la Comisión Europea (COM 2005 389 final), del 1 de septiembre de 2005, relativa a un programa común para la integración de extranjeros de países terceros. Destacamos el siguiente extracto: “la integración es un proceso dinámico de doble sentido, de compromiso recíproco entre todos, los inmigrantes y los residentes de los Estados miembros. Además, la integración va de la mano del respeto de los valores fundamentales de la Unión Europea”.

10 Gaspard F., “Assimilation, insertion, intégration : les mots pour ‘devenir français’”, Hommes et migrations, mayo 1992.

11  En este sentido, véase Bernard P., L’Immigration. Les enjeux de l’intégration, París, Marabout / Le Monde, 1998, pp. 127-134. Se sigue recurriendo a esta temáticaen la segunda “Marche des Boeurs” (“Marcha de los árabes”) y en el movimiento asociativo “Convergences 84” que reivindicaban a la vez la igualdad de derechos y el derecho a la diferencia, y tenían como eslogan: “Francia es como una mobilete. Para avanzar, le hace falta mezcla”.

12  La circular del 29 de enero de 1988 sobre los contratos de aglomeración, citada por Françoise Gaspard, es característica de este aspecto: antes presentados como instrumentos para ayudar en la inserción social de las comunidades de extranjeros, ahora se dirigen a “suscitar una visión de conjunto de los problemas de integración a partir de un balance global de la situación de la población inmigrante de la aglomeración”.

13  Discurso pronunciado el 22 de noviembre de 1988, disponible en Actualités-Migrations, revista de la OMI (Oficina de las Migraciones Internacionales), n° 253, 21-25 de noviembre de 1988.

14  Para explicar el abandono de la palabra “inserción”, también se ha destacado la toma de conciencia de que ésta no solamente afectaría a los inmigrantes; como lo demostraría la concomitancia entre la conversión del partido socialista a la integración y la adopción de la ley sobre el salario mínimo de inserción.

15  Bernard P., op. cit.

16  Jean-Louis Bianco fue ministro de Asuntos Sociales y de Integración (1991-1992); le sucederá René Teulade, quien trabajará además con una Secretaría de Estado para la Integración confiada a Kofi Yamgnagne. Después de una interrupción entre 1993 y 1995, Eric Raoult es nombrado ministro para la Integración y la Lucha contra la exclusión, antes de convertirse en ministro delegado para la Municipalidad y la Integración con Halaoui Mekachera como secretario de Estado para la Integración.

17  En 1993 y sobre el mismo escenario de miedo al Islam, se desarrolla el debate parlamentario sobre la reforma del código de la nacionalidad que suprime la adquisición automática de la nacionalidad francesa a la edad de 18 añospara los extranjeros nacidos en Francia, y la subordina a una manifestación de voluntad. En el hemiciclo se pudieron escuchar frases como: “La integración es mucho más difícil hoy –debemos reconocerlo–  porque los extranjeros que viven en Francia vienen de países diferentes de donde procedían en el pasado” o “de una inmigración europea culturalmente cercana y, por tanto, fácilmente asimilable, hemos pasado a una inmigración cuya integración ha resultado mucho más difícil precisamente por las profundas diferencias históricas y culturales”. Recordemos aquí que la integración de la que se hablaba era evidentemente un equivalente funcional de la asimilación.

18  Véase nuestra contribución en Le Temps de l’Etat (Mélanges pour Pierre Birnbaum), que se publicó en Fayard en 2007: “Le ‘modèle républicain’ dans le débat public. Usages rhétoriques et reconstitution mythique” [“El ‘modelo republicano’ en el debate público. Usos retóricos y reconstitución mítica”].

19 L’Intégration à la française, op. cit.

20  “Lucha contra la discriminación: hacer respetar el principio de igualdad”.

21  Haut conseil à l’Intégration, Le Contrat et l’intégration, París, La Documentation française, 2004.

22  François Autain, secretario de Estado para la Inmigración, la define con estas palabras en diciembre de 1982.

23  En 1982-1983, veintidós barrios (Creil, Dreux, las 4 000 en La Courneuve, Chanteloup-les-Vignes, La Goutte d’or, etc.) participan en estas acciones dirigidas a los extranjeros y previstas en los programas locales de desarrollo social. Además, se incluyen treinta y dos emplazamientos en los contratos de aglomeración.

24  Nota del traductor: La politique de la ville (“política de la ciudad”) en Francia está acotada a ciertas zonas urbanas consideradas como particularmente problemáticas.

25  Dos informes en 1991, tres en 1992, pero ninguno en 1993 ni en 1994.

26  “Intégration, le programme minimum”, titular en Le Monde del 27 de marzo de 1997, escrito por Philippe Bernard.

27  “Une forme méconnue de discrimination : les emplois fermés aux étrangers”, GELD, nota n°1, marzo de 2000.

28 Le Monde, 7 de diciembre de 1989.

29  Las exigencias subyacentes a la noción de “integración republicana” reaparecen en las disposiciones sobre la naturalización: para verificar la condición de asimilación, no sólo se examinará el conocimiento suficiente de la lengua francesa, sino también el conocimiento “de los derechos y deberes conferidos por la nacionalidad francesa”.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Danièle Lochak, « La integración como orden. Los desafíos ideológicos y políticos ligados a la inmigración », Cultures & Conflits [En ligne], Textos en castellano, mis en ligne le 18 novembre 2008, consulté le 26 mars 2017. URL : http://conflits.revues.org/13763

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